La independencia de la Justicia, un pilar político clave

27.02.2011 | La independencia de la Justicia es un presupuesto básico para el reconocimiento de los derechos de las personas y su función institucional clave es remarcada por la Constitución nacional. Por eso, del afianzamiento de este poder dependen cuestiones tan relevantes como la calidad de la ciudadanía democrática, la seguridad jurídica, el control de los actos estatales, la lucha contra la impunidad, la promoción de los derechos sociales y ambientales y, básicamente, la sujeción igualitaria de todos los sujetos al imperio de la ley.

Nuestra sociedad ha experimentado las consecuencias catastróficas de la ausencia de una Justicia independiente durante los regímenes dictatoriales y, en otra escala, por efecto de estrategias políticas destinadas a subordinar la jurisdicción judicial a las conveniencias de los gobernantes de turno. Un efecto generalizado de las encrucijadas que lesionan la independencia de la Justicia es la pérdida de credibilidad de las sentencias y comunicaciones de los jueces, las cuales dejan de tener legitimidad para la ciudadanía y los derechos se convierten en meros pedazos de papel.

 

Tras la recuperación de la democracia, los distintos gobiernos han cultivado estrategias marcadamente diferenciales hacia la Justicia. Así, mientras los años del alfonsinismo permitieron conformar una Corte y una Justicia federal que rompiera moldes que imperaron durante la dictadura, el período menemista se caracterizó por el debilitamiento de la independencia judicial y la construcción de una trama de lealtades políticas y personales en la esfera del Poder Judicial, lo cual alimentó el escepticismo de la sociedad sobre esta institución básica.

 

Luego de la crisis de 2001/2, la recomposición de la Corte a través de un procedimiento público y participativo de designación de los nuevos miembros fue un avance de enorme importancia, que sirvió para reconstruir la confianza en la cabeza del poder judicial. Pero a este avance le siguieron retrocesos preocupantes, que causan inseguridad jurídica y ensombrecen el horizonte, como la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura y la utilización del poder oficialista en ese cuerpo para disponer discrecionalmente de las facultades disciplinarias sobre los jueces.

 

También en este mismo sentido deben entenderse las abiertas desobediencias gubernamentales a pronunciamientos judiciales -el más relevante, sin duda, es el caso Sosa, en el cual el Gobierno ha avalado la reticencia de la provincia de Santa Cruz a restituir en su puesto al procurador ilegítimamente removido. Y, asimismo, es fuente de perturbación que la Justicia no cuente con un presupuesto autónomo, que se dilate la designación de jueces y que el Estado sea el principal generador de juicios por incumplir con la ley, como ocurre ante los jubilados y también por la negación de derechos de los pueblos originarios o por no cumplir con sentencia que dispone el saneamiento del Riachuelo. En este contexto, el mensaje del presidente de la Corte Suprema al inaugurar el año judicial cobra un especial sentido. “Necesitamos magistrados

independientes dentro de un contexto institucional también independiente que los proteja”, señaló Ricardo Lorenzetti, definiendo una línea estratégica capaz de afianzar la Justicia y garantizar su independencia del poder político.


Para lograr este objetivo se requiere una actitud de colaboración de los restantes poderes para desarrollar el diálogo y buscar consensos, evitando tanto la judicialización de la política como politización de la Justicia.


La independencia de la Justicia es un presupuesto básico para el reconocimiento de los derechos de las personas y la calidad de la democracia. En los últimos años, la Justicia ha sufrido retrocesos como las maniobras oficialistas en el Consejo de la Magistratura o la desobediencia de fallos de la Corte por parte del Gobierno. Es necesaria la colaboración de los Poderes y evitar la politización de la Justicia.

 

Editorial del diario Clarín del 27/02/2011

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