Para los juristas, se trata de un decreto inconstitucional

14.04.2011 | La decisión del Gobierno de avanzar sobre las empresas derogando por decreto el artículo de la ley que limitaba el accionar de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dentro de las compañías fue calificada como "inconstitucional" por los juristas consultados por La Nacion. Básicamente, criticaron que la medida se haya tomado a través de un decreto de necesidad y urgencia en momentos en que el Congreso se encuentra sesionando y a casi dos años y medio de la sanción de la ley por la que las tenencias de las administradoras privadas de fondos de jubilación y pensión (AFJP) pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.


 

"La medida es inconstitucional porque no tiene sentido derogar el artículo de una ley vía un decreto de necesidad y urgencia en un momento en que el Congreso está sesionando normalmente. Además tampoco es admisible argumentar que existe una urgencia cuando la estatización de las AFJP que posibilitó el ingreso de la Anses en las empresas lleva más de dos años y nunca se había analizado ese tema", opinó el constitucionalista Gregorio Badeni.


En la misma línea, su colega Daniel Sabsay destacó que "el decreto está pasando por encima de las atribuciones del Congreso en forma muy grosera". El jurista igualmente aseguró que los problemas que implica la medida trascienden lo estrictamente legal. "Más allá de la inconstitucionalidad se trata de una prueba adicional del hegemonismo del Poder Ejecutivo y representa otro avance sobre los derechos de propiedad y, por lo tanto, un factor más de inseguridad jurídica", explicó.

 

El constitucionalista Pablo Manili también sostuvo que la medida atenta contra el espíritu con el que se había sancionado la ley que habilitaba el ingreso de los fondos de jubilación en el capital de las empresas. "Los derechos que tenían originalmente las AFJP eran del tipo económico y no político, es decir que no estaban pensados para influir en la toma de decisiones corporativas. Y cuando se sancionó la ley de estatización de las AFJP se mantuvo el mismo concepto", recordó.

 

Amparos en puerta
Manili además hizo especial hincapié en el tiempo transcurrido entre el ingreso de la Anses en las compañías -que coincidió con la estatización del sistema de las AFJP- y la decisión oficial de eliminar la restricción que tiene el Gobierno para ejercer sus derechos accionarios.

 

Con respecto a los próximos pasos, los constitucionalistas no descartaron que las empresas que tienen como socio al Estado interpongan alguna medida ante la Justicia para intentar frenar la designación de nuevos directores.

 

"Toda norma inconstitucional puede ser objetada en los tribunales. El gran problema son los tiempos de la Justicia, porque puede demorar años. Como pasó con la ley de medios, una opción puede ser que las empresas decidan presentar algún amparo", advirtió Sabsay.

 

Por su parte, Manili destacó que la presentación ante la Justicia pidiendo la inconstitucionalidad del decreto es una posibilidad abierta no sólo para las empresas afectadas, sino también para sus accionistas. "Cualquiera de las compañías está legitimada para actuar, al igual que sus accionistas, que pueden argumentar que se está restringiendo su tenencia societaria", precisó el especialista.

 

Badeni, en tanto, destacó que los próximos pasos estarán marcados por el impacto que tenga la medida en las distintas compañías. "Creo que las decisiones que vayan a tomar van a depender en gran medida de la participación que alcance la Anses en cada sociedad, porque no es lo mismo una compañía en la que el Estado pase a tener una participación menor al 10 por ciento que otra en el que tenga el 20 por ciento y pueda designar a un miembro del directorio", señaló el jurista.

 

Fuente: La Nación


 

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