La politización de la Justicia

17.04.2011 | A veces es una pena que los medios y la política se apresuren en nombrar fenómenos complejos. Las detenciones de dirigentes sindicales trajeron a la discusión pública lo que apresuradamente se denomina “politización de la Justicia”. Este término describe y condena el uso de la Justicia (sobre todo la penal) por parte de algún sector del poder público para amedrentar, desprestigiar o silenciar a personas o grupos opuestos a sus intereses. Sería más claro llamarlo corrupción de la Justicia, aunque la corrupción ha sido tan vasta entre nosotros que decir corrupción quizás equivalga a no decir nada.

Mi generación había celebrado la politización de la Justicia. Con ella terminaba un largo período de despolitización que había tenido su momento más desgraciado en la Acordada que en 1930 firmara la Corte Suprema aceptando como autoridades a las surgidas de un golpe de Estado. Esa decisión inaugura lo que luego se denominará doctrina de facto y, junto a la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables y más tarde la de la gravedad institucional, es una de las herramientas que la Justicia argentina utilizó para darle a la política una amplia zona liberada de restricciones constitucionales.


Lo que mi generación entiende por politización supone varios fenómenos relacionados: la constitucionalización; es decir, la asunción del Poder Judicial de su rol de guardián de las garantías constitucionales frente a las decisiones de los cuerpos mayoritarios; la judicialización, en virtud de la cual los reclamos de la sociedad civil se canalizan a través de las diversas formas del acceso a la Justicia; la fragmentación de las fuentes del derecho, que pone en un pie de igualdad la autoridad de los códigos, la de las otras leyes del Congreso, la de la Constitución, la de los tratados internacionales, y aun las decisiones de los jueces (incluso de tribunales internacionales); la apertura de la interpretación jurídica, que obliga a tomar decisiones en base a una justificación más compleja que la mera aplicación dogmática de la ley; y la globalización, que limita la capacidad regulatoria de las instituciones tradicionales del Estado y permite que la deliberación no termine en nuestras fronteras ni que ellas constituyan barreras infranqueables respecto de decisiones que acordamos con otros países, entre otros fenómenos complejos.


La politización de la Justicia es para nosotros sólo una forma retóricamente provocativa de decir democracia constitucional, una forma de la política que reconoce la doble legitimidad de la decisión mayoritaria y de los derechos constitucionales. La democracia constitucional arma la deliberación permanente entre ciudadanos mediante diversas instituciones como la política partidaria y los procesos judiciales, pero también acepta e incentiva otras formas de la participación, la autorregulación y la expresión ciudadana.


Es una lástima que la generación de nuestros mayores llame politización de la Justicia a lo que no es otra cosa que corrupción. Esa decisión semántica acepta la trágica herencia del intento de separar el derecho de la democracia, decisión que permitió los desafueros de la política del siglo pasado. Además insulta a la política –porque no la cree suficientemente digna de ser parte de la deliberación judicial en defensa de los fueros de las decisiones mayoritarias– y a la Justicia, porque no la cree suficientemente fuerte como para ser parte en igualdad de condiciones de la discusión pública en defensa de la Constitución. Si las apartamos, permitimos que la política no sea justa y que la Justicia no sea relevante.


Que algunos utilicen las formas de la democracia constitucional en su provecho privado no debería obligarnos a todos a desesperar de la posibilidad de seguir construyendo una institucionalidad en la que la deliberación plural se siga desarrollando en el libre juego de la decisión mayoritaria surgida de procesos democráticos no discriminatorios y limitada por el respeto a los derechos constitucionales.


*Investigador principal de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) y profesor de la Universidad de San Andrés.

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