EXPEDIENTE DIGITAL: LA IMPORTANCIA DE REGLAMENTAR BIEN ESTA LEY (PARTE I)

08.08.2011 | Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente del Consejo de la Magistratura y en copia a todos los señores Consejeros, a efectos de hacerles llegar mi profunda inquietud por un tema que es decisivo y trascendental para el futuro del sistema judicial argentino.

El 1º de junio de 2011 el Senado, por unanimidad, dictó la ley Nº 26.685 que permite al Poder Judicial puede tener un gran avance cuanti y cualitativo y entrar al siglo XXI, satisfaciendo su trascendental función en plazos compatibles con la realidad y con las necesidades de la gente.


Dice el artículo 1º de la ley 26.685: “Autorízase el uso de expediente electrónico, de documento electrónico, de firma electrónica, de firma digital, de comunicaciones electrónicas y de domicilio electrónico constituido, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.” Y agrega su artículo 2º: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, de manera conjunta, reglamentarán su utilización y dispondrán su gradual implementación”.

 

Escueta y claramente queda establecido que -en ese marco- todo el sistema procesal argentino puede y debe ser rediseñado, de consuno y gradualmente, por los dos máximos órganos del Poder Judicial: la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura de la Nación.

 

Esa reglamentación es, en realidad, la redacción de detalle de cómo será el proceso judicial electrónico, lo cual requiere definir varios aspectos de enorme trascendencia no solo técnico-informática, sino fundamentalmente jurídica, porque la aplicación al sistema procesal decimonónico de las técnicas modernas supone un análisis, caso por caso y tema por tema, de cómo impacta esa tecnología en los derechos y garantías que consagra en general nuestra Constitución y que ponen en acto los códigos y leyes de fondo, que se vuelven operativos a través de los códigos procesales.

 

No es inusual que los temas relacionados con la informática y la electrónica se suponga que pertenecen casi con exclusividad a los profesionales en esas ramas del conocimiento. Creo que nada es mas equivocado, porque si bien su aporte es una condición necesaria para cualquier regulación seria, no es una condición suficiente, toda vez que en definitiva la materia jurídica es la sustancia del tema, en tanto la electrónica y la informática son los avances que reemplazan a la electromecánica y, mas remotamente, a las técnicas manuales de escritura, archivos, tramitaciones y búsquedas.

 

Por eso estoy convencido de que es trascendental que este Consejo, por la vía que estime conveniente, se reúna con la Corte Suprema de Justicia y se consensúe la forma en que se comenzará a trabajar el tema con una comisión en la que además de los expertos informáticos que ya estuviesen actuando, se sumen expertos en derecho, en ciencias de la organización, recursos humanos, y en las demás disciplinas que se consideren necesarias.

 

Esa Comisión, para ser operativa, debiera tener muy pocos miembros pero sí, de gran versación en sus respectivos temas.

 

Hasta me atrevo a proponer que el Consejo contrate expertos en esos temas, para que la desafiante obra de redactar un cuerpo normativo del futuro, tenga como autores a los mejores en cada disciplina, sin improvisaciones entusiastas pero peligrosas.

 

Para explicar mejor la enorme cantidad de decisiones en materia jurídica, procesal y organizativa que tienen estos temas, he listado una serie de puntos a regular, analizar y decidir, siguiendo los lineamientos del relativamente breve sistema uruguayo de notificaciones electrónicas y del mucho mas extenso régimen legal español de procedimiento judicial global.

 

1. En una eventual primera etapa, en materia de notificaciones electrónicas y a semejanza, como decía, del sistema puesto en ejecución por ejemplo en la R.O. del Uruguay, deberá analizarse si se establece por ejemplo que toda persona, organismo o profesional, deberá constituir domicilio electrónico, para los asuntos judiciales que tramite o esté tramitando y que ese será el único domicilio de constitución obligatoria, válido para realizar las notificaciones e intimaciones electrónicas judiciales, debiendo el juez a cargo de la causa intimar a las partes a constituirlo bajo apercibimiento de considerarla notificada en los estrados del juzgado.

 

2. Esto supondría quizás –y se trata de otra gran decisión a tomar- que el Poder Judicial instalase, en la forma que se decida, un sistema de correo electrónico para las notificaciones electrónicas en los procesos judiciales. Este servicio sería el único medio admitido a esos efectos y las cuentas que sean concedidas sólo podrían ser destinadas a recibir notificaciones, no estando habilitadas para responder, enviar o reenviar correos electrónicos, siendo el titular de la cuenta el único responsable del uso que realizase de la identificación concedida.

 

3. En tal entorno, deberá establecerse si todas las notificaciones de providencias, resoluciones y sentencias registradas en medio electrónico, que deban practicarse, (ya sea solas o acompañadas de documentos emitidos en el mismo medio), se realizarían en el domicilio electrónico que el usuario deberá haber constituido. La notificación se consideraría realizada cuando estuviese disponible en la casilla de destino.

 

4. Otro aspecto sería el régimen para las notificaciones de providencias, resoluciones y sentencias registradas en medio electrónico, que debiesen practicarse acompañadas de documentos emitidos en soporte papel, que deberá decidirse si –por ejemplo- se cumplirán atendiendo a las siguientes condiciones: (i) La providencia, resolución o sentencia se comunicaría al domicilio electrónico constituido. (ii) Se haría constar en la comunicación electrónica que en el Juzgado o tribunal quedan a disposición del interesado las copias de la actuación respectiva. (iii) La notificación se entendería efectuada en el momento en que el interesado retirase las correspondientes copias, actuaciones o expediente en su caso. Se dejaría constancia en el expediente de la fecha en que se produce dicho evento. (iv) Si el retiro de ellas se retardare tres días hábiles a contar del siguiente a aquel en que estuviere disponible la comunicación electrónica en la casilla del interesado, la notificación se tendría por efectuada al vencer dicho plazo.

 

5. Además, debería definirse qué organismo administraría el sistema. Ese organismo sería la unidad operativa que administrase y mantuviese en funcionamiento permanente los elementos técnicos y procedimientos necesarios para realizar las notificaciones en forma electrónica de acuerdo con las normas establecidas en la reglamentación. Solo por enunciar algunos dilemas a analizar, consignaré cuáles podrían ser sus funciones y cometidos: 1. Elaborar y poner en marcha el plan de implantación progresiva del sistema así como los instructivos de uso tanto para usuarios internos como externos. 2. Instrumentar el procedimiento correspondiente para otorgar las cuentas de correo judicial que se provean a los usuarios, debiendo quedar operativo un cierto plazo previo (¿90 días?) antes de la entrada en vigencia de las notificaciones electrónicas.

 

3. Administrar dichas cuentas y tomar los recaudos necesarios para que tengan las garantías suficientes,

acrediten fehacientemente la identidad de su usuario y su responsabilidad respecto del uso que hace de la misma. 4. Instalar y mantener el servicio en funcionamiento en forma permanente. 5. Preservar la integridad y la calidad de la información de las notificaciones judiciales. 6. Informar acerca de posibles indisponibilidades del servicio o fecha y hora exacta en que una notificación quedó disponible. Dichos informes se harían a solicitud del juzgado o tribunal a cargo del asunto u otra autoridad competente al respecto o de cualquiera de las partes del pleito. 7. En caso de inhabilitación del servicio por más de 24 horas, informar a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura, para que decidan cómo se consideraría este hecho en relación al cómputo de los plazos afectados. 8. Depurar los mensajes de las cuentas según las políticas fijadas. 9. Guardar un historial de todas las comunicaciones emitidas por ese medio a fin de dirimir cualquier duda o conflicto en el momento que fuere necesario. 10. Realizar la publicidad y difusión necesaria para que las oficinas y tribunales, así como los potenciales usuarios externos, conozcan las características del servicio y los procedimientos asociados a sus prestaciones. 11. Realizar la capacitación necesaria para la implantación y puesta en funcionamiento del servicio, tanto del personal propio como del que se desempeñe en los juzgados y tribunales. 12. Realizar la tarea inicial de apoyo a usuarios internos. Una vez que el sistema esté en funcionamiento, durante las fases iniciales, proveería a los juzgados y tribunales el apoyo necesario para resolver los problemas que se les presenten. 13. Atención de usuarios externos. Los profesionales y ciudadanos en general serían atendidos por  este organismo que, además de adjudicar y entregar los códigos y contraseñas, los asistiría para que puedan hacer un uso efectivo del servicio a través de un servicio telefónico de uso exclusivo y una casilla de correo electrónico a través de la cual se recibirían y evacuarían las consultas y/o reclamos.

 

6. Además de esos aspectos debería analizarse la conveniencia de la regulación de una “Casilla de Correo Judicial” por la que todo interesado pueda titularizar una cuenta de correo electrónico en el servidor del Poder Judicial de la Nación, con un código de usuario y una contraseña que le permitiese utilizar la cuenta a los efectos previstos en el sistema de notificaciones electrónicas. La regulación debiera establecer los requisitos para la obtención de esa cuenta. En la reglamentación debiera establecerse que el titular de la cuenta sería el único responsable del uso que él o un tercero realice de la cuenta, del código de usuario y/o de su contraseña; que debería destinar la cuenta exclusivamente para recibir notificaciones emanadas del servidor del Poder Judicial y que debería cumplir con los requerimientos establecidos en la reglamentación, quedando previsto que cualquier uso indebido de la cuenta le haría incurrir en responsabilidad objetiva.

 

7. En ese tema, eventualmente y de ser tecnológicamente necesario, debería evaluarse si los correos se depurarían periódicamente del servidor, eliminándose aquéllos que se encuentren en la casilla por un plazo mayor al del período de antigüedad que se estableciera.

 

8. Otro tema importante a analizar y a reglamentar son las intimaciones. En ese sentido debería decidirse cuales, como por ejemplo: (a) las solicitadas al inicio del proceso o que tengan calidad de diligencias preparatorias, conforme la normativa aplicable; (b) a las partes en un proceso en trámite; (c) a sujetos vinculados al proceso, cuando se indique como suyo un domicilio electrónico; (d) a los auxiliares de la justicia que estén interviniendo en el proceso. También debería reglamentarse cuándo se considerarían notificadas (por ejemplo, cuando queden disponibles en la casilla de correo del intimado, o 24 ó 48 hs. después) y qué régimen se aplicaría a las intimaciones que adjunten documentación (por ejemplo, considerándose que la intimación se efectiviza en dos etapas: la preliminar que ocurre cuando llega la intimación al domicilio electrónico judicial constituido por el intimado haciendo  constar que en el juzgado o tribunal quedan a disposición del interesado las copias de la documentación que acompaña la diligencia y la definitiva o perfecta que ocurriría en el momento en que el interesado retire las correspondientes copias, actuaciones o expediente en su caso, dejándose constancia en el expediente de la fecha de dicho retiro o transcurrido un cierto plazo (¿tres días?) desde el siguiente a aquél en que estuviere disponible la comunicación electrónica en la casilla del interesado.

 

9. También deberían reglamentarse las intimaciones que impliquen requerimientos de pago, embargos y citaciones de remate o que requieran la intervención de un oficial de justicia. Por ejemplo, en estos casos podría establecerse que el interesado debería presentar su solicitud por duplicado ante el organismo a cargo de las notificaciones acompañando la documentación en la que basa su petición y copia para el o los intimados, cuyo duplicado sellado y firmado por la oficina le sería devuelto como comprobante de su gestión y el original entregado al notificador respectivo dentro de las 24 horas de recibido. Esa solicitud debería contener: (a) nombre, apellido y domicilio electrónico judicial del destinatario de la diligencia; (b) cantidad (número de documentos) y copias que se adjuntan; (c) firma del interesado o profesional.

En una etapa menos urgente pero mas trascendental, la Corte Suprema y este Consejo tienen el cometido de sentar las bases del procedimiento electrónico como una globalidad.

Ello implica un sinnúmero de cuestiones, muchas de profundo contenido jurídico que requieren entre otras virtudes, la experiencia procesal que solo tienen los abogados que actán durante décadas ante los tribunales.

Por ejemplo debe adoptarse decisiones específicas respecto de los siguientes temas:

 

10. Si la comunicación electrónica entre la ciudadanía y el Poder Judicial es un derecho o no de los particulares, en la medida en que puede sostenerse –y es materia opinable, claro- que la demora implícita en la tramitación actual es un casus de denegación de justicia, y a la inversa, que la consagración de un sistema electrónico volvería el estado de cosas judicial a tiempos acordes a las necesidades normales del ser humano, limitado a una vida que no resiste ser contada en lustros o décadas sino que se mide en minutos.

 

11. Que aspectos deben reglamentarse de manera diferente por ser asimilables los unos al  procedimiento

administrativo, y los otros al sistema tradicional de las normas procesales.

 

12. Si deben fijarse plazos especiales para los actos procesales que sean llevados a cabo electrónicamente, discriminándose (o no) entre los de la parte, la contraparte o los órganos judiciales y sus auxiliares.

 

13. Si deben preverse normas obligatorias o no, de cooperación entre los poderes judiciales y los organismos con actividad frente o con la justicia, que dependan de otros poderes, siempre en materia de jurisdicción electrónica.

 

14. Que principios o reglas se garantizarían por la reglamentación, como por ejemplo el acceso, la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, conservación e interoperabilidad de los datos, informaciones y servicios

 

15. Si la reglamentación se aplicaría (i) a el Poder Judicial, (ii) a los ciudadanos en sus relaciones con ella; (iii) a los profesionales que actúen en su ámbito, (iv) a los profesionales en sus relaciones entre sí; (v) a los profesionales en su relación con sus clientes; (vi) a las relaciones entre el Poder Judicial y el resto de poderes judiciales provinciales, y administraciones y organismos públicos.

 

16. Si la reglamentación debe incluir o no definiciones  y cuáles, asumiéndose que la técnica legislativa de la definición legal es, aunque moderna, opinable en tanto congela conceptos que a veces son evolutivos.

 

Por ejemplo, la legislación española define de la siguiente manera estas figuras, técnicas e institutos:

 

– Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración.

 

- Expediente judicial electrónico: El expediente judicial electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contenga.

 

– Actuación judicial automatizada: Actuación judicial producida por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.

 

– Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el uso de la informática.

 

– Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la libertad de

ejecutarla, de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.

 

– Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos y de la integridad y autoría de estos últimos.

 

– Autenticidad: Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que proceden los datos.

 

– Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, TDT, etc.).

 

– Certificado electrónico: … documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad.

 

– Certificado electrónico reconocido: … los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que preste.

 

– Confidencialidad: Propiedad o característica consistente en que la información ni se pone a disposición, ni se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados.

 

– Disponibilidad: Propiedad o característica de los activos consistentes en que las entidades o procesos autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieren.

 

– Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de información o servicios en una red de comunicaciones.

 

– Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

 

– Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y servicios públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones.

 

– Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones:

Sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso, su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.

 

– Firma electrónica: … conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.

 

– Firma electrónica avanzada: … firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.

 

– Firma electrónica reconocida: … firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.

 

– Índice electrónico: Relación de documentos electrónicos de un expediente electrónico, firmada por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda y cuya finalidad es garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir su recuperación siempre que sea preciso.

 

– Infraestructuras y servicios comunes: Instrumentos operativos que facilitan el desarrollo y despliegue de nuevos servicios, así como la interoperabilidad de los existentes, creando escenarios de relación multilateral y que satisfacen las necesidades comunes en los distintos ámbitos administrativos

 

– Integridad: Propiedad o característica consistente en que el activo de información no ha sido alterado de manera no autorizada.

 

– Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

 

– Interoperabilidad organizativa: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan.

 

– Interoperabilidad semántico-jurídica: Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a que la información, en el ámbito o de carácter judicial, intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación.

 

– Interoperabilidad técnica: Aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad, u otros de naturaleza análoga.

 

– Medidas de seguridad: Conjunto de disposiciones encaminadas a protegerse de los riesgos posibles sobre el sistema de información, con el fin de asegurar sus objetivos de seguridad. Puede tratarse de medidas de prevención, de disuasión, de protección, de detección y reacción o de recuperación.

 

– Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras.

 

– Metadato: Dato que define y describe otros datos. Existen diferentes tipos de metadatos según su aplicación.

 

– Metadato de gestión de documentos: Información estructurada o semiestructurada que hace posible la creación, gestión y uso de documentos a lo largo del tiempo en el contexto de su creación. Los metadatos de gestión de documentos sirven para identificar, autenticar y contextualizar documentos, y del mismo modo a las personas, los procesos y los sistemas que los crean, gestionan, mantienen y utilizan.

 

– Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o preste una actividad de servicio.

 

– Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de una institución pública.

 

– Requisitos mínimos de seguridad: Exigencias necesarias para asegurar la información y los servicios.

 

– Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor del documento firmado.

 

– Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.

 

– Sello de tiempo: La asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador de servicios de certificación que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento.

 

– Sistema de información: Conjunto organizado de recursos para que la información se pueda recoger, almacenar, procesar o tratar, mantener, usar, compartir, distribuir, poner a disposición, presentar o transmitir.

 

– Trazabilidad: Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser imputadas exclusivamente a dicha entidad.

 

Este material continúa en la PARTE II

 

DR. ALEJANDRO FARGOSI

CONSEJERO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACION

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