CAUTELARES E INJUSTICIA. POR ALEJANDRO FARGOSI

27.03.2012 | El oficialismo ha presentado un proyecto de ley para condicionar las medidas cautelares contra el gobierno a una previa notificación y audiencia conciliatoria. Esto afectará a la esencia misma del sistema judicial, que debe proteger al individuo de los abusos de poder, que pueden provenir de otra persona, de una empresa o del Estado. Las medidas cautelares son ordenes judiciales preventivas que protegen derechos que quizás, si se espera a la sentencia, pueden quedar solo en el papel. Por ejemplo son el embargo preventivo, el secuestro de bienes, la inhibición general, la prohibición de innovar, y la intervención judicial.

Las leyes requieren que el juez verifique que hay un derecho probable (“verosimilitud del derecho”),  peligro de que la demora hasta la sentencia cause daño irreparable y que quien pide la medida se haga responsable (“contracautela”).

 

Miles de páginas de autores y jueces detallan los requisitos y características de estas cautelares y muchas normas las regulan, como la ley 19.550, los códigos procesales de la Nación y de las provincias, la ley de procedimientos administrativos y otras que sería largo detallar aquí.

 

El Estado está mas que protegido de potenciales abusos porque la ley, la doctrina y la jurisprudencia presumen que los actos de la administración son en principio legítimos y que el juez no puede revisar la oportunidad, mérito y conveniencia del accionar gubernamental. Salvo que se viole la ley, claro.

 

Cuando se trata de temas reglamentados el juez verifica que el acto administrativo y sus antecedentes se ajusten a la ley. Y cuando la actividad es discrecional y hay un abanico de posibilidades entre las cuales la Administración tenía la facultad de elegir, el análisis de legitimidad se funda en la Constitución, en las leyes y en sus principios teniendo siempre en cuenta el interés público.

 

También protege al interés estatal o gubernamental otra regla: que las cautelares son accesorias, provisorias y  modificables o sustituibles.

 

Si algo no se necesita en la Argentina de 2012 es dar mas protección a un Estado-gobierno ya demasiado omnipotente, que tiene todo el dinero público, todas las fuerzas armadas y todo el aparato burocrático a su favor. Mas aún, tiene el tiempo de su lado porque a diferencia de la gente y de las empresas, ni pasa hambre ni quiebra. Y sus funcionarios siguen cobrando sus sueldos.

 

No nos dejemos encandilar por el tsunami dialéctico de las bondades puras de lo público y lo estatal porque, en primer lugar, el Estado es el gobierno y el gobierno –el actual y otros- tiende a ser cada vez mas omnipotente y avasallador. Y en segundo lugar, porque todo el sistema jurídico está pensado y se origina en el doble objetivo de proteger los derechos humanos de unos contra otros y de todos frente al Estado y al gobierno.

 

Las medidas cautelares han sido previstas desde hace siglos para proteger a quien prima facie tiene razón, del abuso de quien no la tiene. Esa protección requiere rapidez en su otorgamiento, para que la presión del poder no se abuse y se potencie con el tiempo. Y secreto en su dictado, para que el abusador -sea el gobierno o el vecino de al lado- no se aproveche de saber que la víctima se está defendiendo y ha acudido a un juez.

 

No existe ninguna razón para modificar un sistema que es centenario y universal.

 

Todo el sistema legal ha sido concebido para proteger a la gente de los poderosos y no para proteger a los gobiernos de la gente. No lo olvidemos nunca.

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