CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL. POR ALEJANDRO FARGOSI

03.04.2012 | FUNDAMENTOS REGLAMENTARIOS DE LA PROPUESTADe acuerdo al art. 8º del Reglamento de Funcionamiento de esta Comisión (Resol. 404/07), La Comisión elaborará y propondrá las demás normas reglamentarias que fueren menester para el cumplimiento de las funciones asignadas, las que tendrán vigencia a partir de la aprobación del Plenario del Consejo.Aclaro que lo que propongo a la Comisión no es el dictado de un reglamento en los términos del art. 15 de la ley 24.937, sino de una reglamentación de funcionamiento que, en el marco del art. 8º del Reglamento de Funcionamiento de esta Comisión, no requiere el paso por la Comisión de Reglamentación y con ello, las demoras procedimentales consecuentes. La necesidad de evitar demoras es medular, porque creo que esta Comisión y el Consejo deben dar soluciones hoy a los problemas de hoy, con rapidez.

FUNDAMENTOS SUSTANCIALES DE LA PROPUESTA

 

Hasta hoy, los temas analizados por la Comisión de Disciplina y luego por el Plenario vienen siendo evaluados de acuerdo a las reglas generales de ética judicial que indican la experiencia y el conocimiento jurídico, profesional y personal de cada consejero y de cada Consejo.

 

Esto no está necesariamente mal pero implica desaprovechar los enormes avances que ha habido en el mundo en materia de conducta y ética judicial, y en paralelo supone someter a los justiciados –los jueces y sus denunciantes- a la incertidumbre de las reglas que se aplicarán para evaluarlos.

 

Peor aún, implica que a dos siglos de la Independencia y a siglo y medio de nuestra codificación, no hemos sido capaces de darnos un código de ética judicial.

 

Por ello creo que es urgente uniformar, dentro de parámetros razonables, los criterios evaluatorios que utilizamos cada uno de los miembros de la Comisión de Disciplina, y luego cada uno de los miembros del Consejo en el Plenario, lo que generaría cuatro efectos positivos de enorme trascendencia:

 

En primer lugar, aumentaría la seguridad jurídica al reducirse el margen de subjetividad y arbitrariedad que conlleva toda decisión o propuesta, ampliándose además la real vigencia del gobierno de las normas y no de las personas.

 

En segundo lugar, la aprobación de este Reglamento por el Plenario sería un acto público y difundido, por lo que los señores magistrados, la abogacía y la población en general sabrían con mayor exactitud que hoy en día, qué normas se utilizarían en el análisis de las conductas judiciales, de sus actos y de sus omisiones.

En tercer lugar, se estaría adoptando un cuerpo normativo que fue gestado por los presidentes de los tribunales superiores de 23 países, es decir de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal,  Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, y que tuvieron especialmente en cuenta el Código de Bangalore, aprobado por la Resolución 2006/23 del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas.

 

En cuarto lugar, la utilización de criterios reconocidos internacionalmente sería un aporte para la imprescindible y urgente tarea de reinsertar a nuestro país en el mundo del siglo XXI, mundo en el que solo progresan, generando trabajo y educación, los países con sistemas judiciales serios y previsibles, donde la previsibilidad y el gobierno de las leyes y no de las voluntades arbitrarias del poderoso de turno, son requisitos mínimos.

 

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA

 

Existen, como explico a lo largo del presente, muchas razones de mérito y conveniencia que justifican que el Código Iberoamericano sea adoptado por la Comisión de Disciplina como su norma evaluatoria y directriz.

Dejando de lado que el seguir careciendo de normas objetivas y codificadas de ética judicial a 202 años de la Revolución de Mayo hace evidente que cualquiera sería una buena oportunidad, y cuanto antes mejor, existe una razón de oportunidad muy especial en estos meses de marzo y abril de 2012.

 

Es que los días 25 a 27 de abril se reunirá en Buenos Aires la Asamblea General de la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, y sería una excelente oportunidad para demostrarnos y demostrar a nuestros hermanos iberoamericanos que la Argentina no ha echado en saco roto el esfuerzo de esa organización.

 

Ello será posible solo si adoptamos el Código Modelo en estos días próximos, lo cual es posible porque se trata de adoptarlo de una vez, precisamente por las bondades de sus autores entre los que ha estado la Argentina a través de su Corte Suprema de Justicia.

 

Teniendo vigente el Código en su versión actual, podremos llegado el caso incorporar las modificaciones y actualizaciones que se le introdujesen a resultas de las conversaciones que tendrán lugar la mañana del día 27, precisamente en torno al tema ético en la Justicia. Y si no se adoptan modificaciones, igualmente habrá sido la mejor demostración del valor que tiene para nosotros la obra de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

 

FORMA DE LA PROPUESTA

 

Propongo a esa Comisión y al Plenario que la aprobación del Código sea inmediata, no porque considere que existe un documento perfecto, o porque lo crea mejor al de Bangalore, o a los que otros especialistas y aún algún Tribunal Supremo provincial ha dictado.

 

Lo hago así porque la multiplicidad de conocimientos y experiencia de sus autores y el hecho de haber estado entre ellas el representante de la Argentina a través de su Corte Suprema de Justicia, hace redundante un nuevo análisis del tema.

 

Aprobemos este texto y luego, teniendo una norma vigente, quien crea mejor modificarla que lo proponga. Pero tengamos una norma ética para la Justicia de una vez, porque sería lamentable que pasemos del Bicentenario de Mayo al de la Independencia y sigamos discutiendo un tema que ya tiene mas que suficiente tratamiento y desarrollo.

 

LA BÚSQUEDA DE REGLAS ÉTICAS
INTRODUCCIÓN

 

La inquietud por elaborar instrumentos específicos de codificación de las reglas éticas en el ejercicio de la función judicial es relativamente moderna y ha adquirido especial importancia desde hace dos décadas.
 
En virtud de ese movimiento, se han aprobado diversos códigos éticos en algunos ordenamientos países y entes supranacionales.

 

Porque junto a la codificación a nivel nacional se han venido desarrollando también diversas iniciativas en el ámbito de diferentes instancias internacionales para fijar unas reglas de ética judicial. En este marco  se destacan por ejemplo el Estatuto del Juez en Europa (Asociación Europea de Magistrados, 1993- 1996), la Carta Europea del Estatuto de los Jueces (Consejo de Europa, 1998), el Estatuto Universal del Juez (Unión Internacional de Magistrados, 1999), el Estatuto del Juez Iberoamericano (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2001), y el Código de Bangalore (Naciones Unidas, 2002) .

 

Sin duda, muchos de esos cuerpos normativos y sobre todo el de Bangalore serían excelentes como texto de referencia para la actuación de esta Comisión y del Consejo, pero para evitar discusiones estériles que sólo demorarían hasta el infinito la solución a la situación que nos afecta, es que dada nuestra pertenencia histórico-geográfico-cultural propongo adoptar el “Código Iberoamericano de Etica Judicial”.

 

LA BÚSQUEDA DE REGLAS ÉTICAS
LA XIII CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA

 

La XIII Cumbre Judicial Iberoamericana ocurrió  en la ciudad de Santo Domingo de la República Dominicana los días 21 y 22 de junio de 2006, contó con la participación de los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia y de los Consejos de la Judicatura de las Repúblicas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Estados Unidos Mexicanos, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portuguesa, Oriental del Uruguay y Bolivariana de Venezuela, del Reino de España, del Principado de Andorra y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En la convicción de una identidad iberoamericana que por encima de las particularidades nacionales de nuestros respectivos países, exhibe rasgos comunes desde los cuales es posible ir delineando políticas de beneficio mutuo que, lejos de suprimir las individualidades nacionales, redescubren y ofrecen una riqueza común, se adoptaron numerosas decisiones como la creación de la Secretaría General Iberoamericana y un Convenio Marco para la Cooperación y Asistencia entre las Instituciones Judiciales representadas ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, en pos de la búsqueda de la eficiencia y eficacia en la administración de Justicia.

 

Fue así que se aprobó el “CÓDIGO MODELO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL”

 

La lectura completa de sus Considerandos y articulado no solo es necesaria para decidir el tema que propongo, sino que además es moralmente revitalizante para quienes creemos que es posible tener una Justicia cada día mejor, lo que lograremos si aplicamos esas normas.

 

Subrayaré de su “Exposición de Motivos” los párrafos que, con especial énfasis, reafirman mi propuesta.

 

CÓDIGO MODELO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

I. La actualidad de la Ética Judicial en Iberoamérica

En nuestro espacio geográfico y cultural se asiste en los últimos años a la sanción de Códigos de Ética Judicial o reglamentaciones particulares análogas (hasta la fecha se han establecido en 15 países) con contenidos y diseños institucionales diversos. La misma Cumbre Judicial Iberoamericana ha avalado esa alternativa incluyendo en el Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado en Canarias en el año 2001, un capítulo dedicado específicamente a la “Ética Judicial”. En sintonía con esos antecedentes, en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano (Cancún, 2002), se reconoció “un derecho fundamental de la población a tener acceso a una justicia independiente, imparcial, transparente, responsable, eficiente, eficaz y equitativa”. Esa realidad motivó que en la Declaración Copán-San Salvador, 2004, los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia y de Consejos de la Judicatura pertenecientes a los países que integran Iberoamérica aprobaron la siguiente declaración:

 

Primera: Reiterar como principios éticos básicos para los juzgadores iberoamericanos los ya establecidos en la Segunda Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, que tiene su reflejo en el Estatuto del Juez Iberoamericano y en la Carta de Derechos del Ciudadano frente a la justicia.

 

Segunda: Realizar todos los esfuerzos necesarios para que se aprueben e implanten dichos principios en la normativa de todos los países de Iberoamérica, en particular en aquellos donde todavía no existe un Código de Ética, promoviendo su creación.

 

Tercera: Revisar el texto de los Códigos de Ética que ya existen, a efecto de promover que las normas que rigen la ética de los jueces se acoplen al principio de independencia respecto a cualquier otra autoridad y respecto de cualquiera de las partes involucradas en los procesos judiciales concretos, y a los principios derivados de aquél.

 

Cuarta: Dar a conocer en su respectiva judicatura los principios de ética que se consagran en cada uno de sus Códigos de Ética Judicial e integrarlos a los programas de capacitación existentes en cada país.

 

Quinta: Difundir entre los justiciables, a través de distintos medios informativos, sus Códigos de Ética con el propósito de incrementar la confianza y la autoridad moral de los juzgadores.

 

Sexta: Impulsar la elaboración de un Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial.

 

II. El Código Modelo como fruto del desarrollo regional de la ética judicial

La identidad de Iberoamérica cuenta con rasgos visibles y explicaciones históricas extendidas pero, sobre todo, Iberoamérica aparece en el mundo globalizado del presente como un espacio que interactúa con otras culturas, sin perder por ello sus propias características que la tornan peculiar. En ese marco, los Poderes Judiciales Iberoamericanos han ido construyendo –trabajosa, pero exitosamente- una realidad que, por encima de las particularidades nacionales, exhibe rasgos comunes desde los cuales es posible ir delineando políticas de beneficio mutuo. En la configuración de la ética judicial Iberoamericana hay rasgos comunes con otras experiencias análogas que ofrecen distintos espacios culturales, pero también algunas características distintivas que expresan aquella identidad. La realización de un Código Modelo Iberoamericano supone un nuevo tramo de ese camino que ya se ha ido recorriendo y posibilita que la región se presente al mundo desde una cierta tradición, pero también como un proyecto inacabado, que sin suprimir las individualidades nacionales, descubre y ofrece una riqueza común.

 

III. El Código Modelo como compromiso institucional con la excelencia y como instrumento para fortalecer la legitimación del Poder Judicial.

 

A pesar de aquella decisión de la Cumbre Judicial Iberoamericana y del contexto señalado que la respalda, dado que persisten voces judiciales escépticas o desconfiadas, se hace necesario justificar este empeño en la aprobación de un Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. En último término, se trata de, a partir de las exigencias que el propio Derecho plantea a la actividad judicial, profundizar en las mismas y añadir otras, de cara a alcanzar lo que podría llamarse el “mejor” juez posible para nuestras sociedades. La ética judicial incluye los deberes jurídicos que se refieren a las conductas más significativas para la vida social, pero pretende que su cumplimiento responda a una aceptación de los mismos por su valor intrínseco, esto es, basada en razones morales; además, completa esos deberes con otros que pueden parecer menos perentorios, pero que contribuyen a definir la excelencia judicial. De lo cual se sigue que la ética judicial supone rechazar tanto los estándares de conducta propios de un “mal” juez, como los de un juez simplemente “mediocre” que se conforma con el mínimo jurídicamente exigido. A este respecto, corresponde advertir que la realidad actual de la autoridad política en general, y de la judicial en particular, exhibe una visible crisis de la legitimidad que conlleva en los que la ejercen el deber de procurar que la ciudadanía recupere la confianza en aquellas instituciones. La adopción de un Código de Ética implica un mensaje que los mismos Poderes Judiciales envían a la sociedad reconociendo la inquietud que provoca esa débil legitimidad y el empeño en asumir voluntariamente un compromiso fuerte por la excelencia en la prestación del servicio de justicia. Resulta oportuno señalar que no obstante el recurso a una terminología muy extendida en el mundo del Derecho, tal como “código”, “tribunal”, “responsabilidad”, “sanción”, “deber” etc., ella es asumida no con aquella carga, sino como términos que permiten ser utilizados en el campo ético con las particularidades que esta materia implica.

 

IV. La ética judicial y la necesidad de armonizar los valores presentes en la función judicial

Cabe recordar que en el Estado de Derecho al juez se le exige que se esfuerce por encontrar la solución justa y conforme al Derecho para el caso jurídico que está  bajo su competencia, y que ese poder e imperium que ejerce procede de la misma sociedad que, a través de los mecanismos constitucionales establecidos, lo escoge para tan trascendente y necesaria función social, con base en haber acreditado ciertas idoneidades específicas. El poder que se confiere a cada juez trae consigo determinadas exigencias que serían inapropiadas para el ciudadano común que ejerce poderes privados; la aceptación de la función judicial lleva consigo beneficios y ventajas, pero también cargas y desventajas. Desde esa perspectiva de una sociedad mandante se comprende que el juez no sólo debe preocuparse por “ser”, según la dignidad propia del poder conferido, sino también por “parecer”, de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad acerca del modo en el que se cumple el servicio judicial. El Derecho ha de orientarse al bien o al interés general, pero en el ámbito de la función judicial adquieren una especial importancia ciertos bienes e intereses de los justiciables, de los abogados y de los demás auxiliares y servidores de la justicia, que necesariamente han de tenerse en consideración. La ética judicial debe proponerse y aplicarse desde una lógica ponderativa que busca un punto razonable de equilibrio entre unos y otros valores: si se quiere, entre los valores del juez en cuanto ciudadano y en cuanto titular de un poder, cuyo ejercicio repercute en los bienes e intereses de individuos concretos y de la sociedad en general.

 

V. La ética judicial como apelación al compromiso íntimo del juez con la excelencia y con el rechazo a la mediocridad

El Derecho puede ser visto como una regulación de la conducta por parte de autoridades legitimadas para ello, que cabe usar para juzgar formalmente ex post facto aquellos comportamientos que la violan. Las normas éticas pueden ser usadas también con esa función, pero en el “enjuiciamiento” ético no hay ninguna razón que pueda esgrimir el denunciado por una falta contra la ética que quede fuera de la deliberación; dicho de otra manera, un Tribunal de Ética puede aceptar razones que serían inaceptables si actuara como un tribunal jurídico. Mientras que en el Derecho las formas generales mediante las que se determina la responsabilidad son indisponibles y esencialmente orientadas hacia el pasado, en la ética se tornan flexibles, puesto que lo primordial es modificar el futuro comportamiento del juez y lograr la excelencia. Para la ética profesional, podría llegar a afirmarse que más importante que descubrir faltas a sus deberes es obtener una firme e íntima adhesión a los mismos para lograr que el servicio se preste con excelencia. Si existiera una conciencia ética firme e integral por parte del profesional, sin duda se tornarían irrelevantes buena parte de los deberes jurídicos.

 

VI. El Código Modelo como explicitación de la idoneidad judicial y complemento de las exigencias jurídicas en el servicio de justicia

En las tradiciones de las antiguas profesiones, al señalar quiénes estaban autorizados para ejercerlas y cómo debían prestarse los servicios correspondientes, se filtraban reclamos a la conciencia ética profesional, por lo que las violaciones respectivas incluían la pérdida de la posibilidad de seguir prestándolo. De ahí que en la tarea judicial se tuviera en cuenta originalmente cierta idoneidad ética y se previeran mecanismos de destitución cuando se incurría en mal desempeño. El ejercicio de la función judicial no debe, obviamente, ser arbitrario, pero en ocasiones es inevitable que el juez ejerza un poder discrecional. Esa discrecionalidad judicial implica innegables riesgos que no pueden solventarse se implemente con regulaciones jurídicas, sino que requieren el concurso de la ética. Parece así adecuado que, a la hora de plantearse el nombramiento o la promoción de los jueces, o de enjuiciar su conducta en cuanto jueces, se tengan en cuenta aquellas cualidades o hábitos de conducta que caracterizan a la excelencia profesional y que van mas allá del mero cumplimiento de las normas jurídicas. Las constituciones contemporáneas contienen un marco general de aquella dimensión ética implicada en el servicio judicial, especialmente cuando indican quiénes pueden ser jueces o cuándo procede su destitución. De ese modo, la ética judicial encuentra asidero constitucional, en cuanto supone una explicitación de aquellos enunciados constitucionales.

 

VII. El Código Modelo como instrumento esclarecedor de las conductas éticas judiciales

La formulación de un Código de Ética Judicial puede ser una fuente muy importante de clarificación de conductas. Obviamente, porque un Código de Ética Judicial, como cualquier ordenamiento, supone una división de la conducta que pretende regular en lícita e ilícita y, de esta manera, sirve de guía para sus destinatarios. Pero también porque, en ocasiones, dentro de las conductas éticamente admisibles, los Códigos optan, por razones de oportunidad y de coordinación, por un determinado curso de acción, de entre varios posibles; por ejemplo, a pesar de que en principio podría haber diversas opciones para establecer el modo en que es éticamente autorizado que el juez se reúna con los abogados de las partes, el hecho de que un Código escoja una de ellas despeja las dudas que legítimamente pueden suscitarse entre sus destinatarios.

 

VIII. El Código Modelo como respaldo de la capacitación permanente del juez y
como título para reclamar los medios para su cumplimiento

Al mismo tiempo que un Código clarifica conductas, las facilita en tanto se le provee al juez de un respaldo para la realización de las mismas, evitando el riesgo de quejas por parte de eventuales perjudicados. No sólo el juez sabe a qué atenerse, sino también aquellos vinculados a su servicio. Pero dado que la ética no puede exigir conductas imposibles, el Código simultáneamente se constituye en una fuente de razones a las que puede apelar el juez en el cumplimiento de sus exigencias. De ese modo, si un Código reclama capacitación, es necesario que se le brinde a sus destinatarios los medios para acceder a la misma: si éstos no existieran, sería difícil exigir responsabilidad por eventuales incumplimientos.

 

IX. El Código Modelo como estímulo para fortalecer la voluntad del juzgador y como pauta objetiva de calidad ética en el servicio de justicia

El Código puede también ser visto como un instrumento para fortalecer la voluntad del juez, en tanto determina conductas y consagra eventuales responsabilidades éticas ante su infracción. Asimismo, al proveer criterios y medidas determinadas con las que juzga la calidad ética del servicio, el Código dota de cierta objetividad al concepto de “excelencia judicial”. Ello vale no sólo para los propios jueces, sino también para la sociedad que ha conferido el poder y que puede, a partir del Código, evaluar éticamente a los jueces tanto para reprocharles su conducta como para reconocer su excelencia.

 

 

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