CRIMEN Y CASTIGO. POR DIANA COHEN AGREST

16.04.2012 | Repentinamente, sin aviso, la muerte irrumpió en nuestro hogar. Una llamada telefónica desde una comisaría sólo podía presagiar lo atroz. Y así fue. En un robo a mano armada, habían matado a mi hijo Ezequiel. En el alma, un sentimiento de devastación inefable. Y en el cuerpo, un dolor lacerante y un puñal clavado en un agujero. Es cierto que comprender la experiencia de la pérdida implica reconocer, a pesar de nosotros, su omnipresencia en la vida humana. En el viaje de la vida, perdemos cosas significativas como la juventud, los ideales o los sueños, todas ellas transiciones de las cuales se suele aprender y en las cuales es posible continuar con otros proyectos vitales. Con tenacidad parecida, la vida nos obliga a renunciar, quiérase o no, a vínculos que atravesaron nuestra vida -separaciones, mudanzas, divorcios-, todas ellas pérdidas inevitables y, a menudo, hasta liberadoras.

Abismalmente otra es la pérdida de aquellos a quienes consagramos nuestra vida. En ese escenario, la vida continúa por inercia. El enlutado se vive como un muñeco mecánico programado a destiempo por un acontecimiento atroz, confrontado a una ausencia que arrojó súbitamente una sombra cósmica y, a su vez, intersticial.

 

La distancia entre la experiencia íntima y el mundo se torna, entonces, infinita. La vida cotidiana prosigue, se reanudan las rutinas, el mundo sigue girando y nosotros, desorientados, sin brújula, en él. Vamos y venimos, como si nada hubiera acontecido, tal vez porque centrarse sin pausa en la pérdida sería como mirar fijamente el sol. Pero quien se fue perdura en los sobrevivientes como una presencia ausente en la propia vida. Una presencia que forma parte de uno mismo. Que de allí en más ha de acompañarnos, bajo la forma de la evocación, en uno. Duelar, se ha dicho, "es el proceso de pasar de perder lo que tuvimos a tener lo que hemos perdido", pasaje en el que debes crearte una nueva vida sin la persona que se fue. Pero es una vida que jamás habrías elegido ni resignado a vivirla. Como lo irreversible no puede cambiar, como el acontecimiento no puede ser ya cancelado, se trata de elucidar el pasado para poder mirar de frente el futuro.

 

"¿Por qué a mí?", se interroga el sobreviviente, cuando en verdad debería interrogarse: "¿Por qué no a mí?". Al fin de cuentas, las estadísticas nos muestran que, desde 2000 hasta hoy, la violencia salvaje de la delincuencia se cobró la vida de 32.000 personas en la Argentina. De allí que la pregunta correctiva deba ser, una vez más y dolorosamente, reconfirmada: "¿Por qué no a mí? ¿Porque soy una persona de bien o porque vivo en un barrio privado o porque cuido de los míos y todos nos cuidamos de los extraños?". Nada sirve. Ilusiones ingenuas que enmascaran una realidad paradójicamente tan remota como posible, aquella que denuncia que, en el entramado social, el valor de la vida se ha depreciado.

 

"Las vidas perdidas se perdieron", se oyó decir tras la tragedia ferroviaria, palabras sólo pronunciables por aquel para quien esas muertes son apenas una cifra, y como tal, desencarnada de la realidad de la pérdida. Palabras sólo pronunciables por quien no ha sufrido la pérdida en carne propia, olvidando que esas muertes traen consigo la desolación de tantos otros. Porque no sólo es una víctima quien ha perdido la vida absurdamente. También lo es el entorno afectivo construido a lo largo de su vida por aquel cuya vida le fue arrebatada. Porque con la muerte de un ser querido, sus efectos devastadores arrasan con los padres, abuelos, hermanos, hijos, amigos, compañeros, amores, afectos circunstanciales. Y ante el desconsuelo, se busca reparar la impunidad.

 

Es cierto que en las culturas democráticas el "ojo por ojo, diente por diente" ha sido erradicado en pos de ideales humanitarios amparados en una concepción que ve con un solo ojo las garantías individuales. Pero aunque subsistiera ese principio de justicia retributiva, toda vez que la barbarie arranca la vida misma de un inocente, ese mandato taliónico es imposible de cumplir: mientras el victimario conserva su vida, ¿cuántos amaneceres le fueron arrebatados al inocente? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas miradas, cuántas palabras? ¿Cuántas?

 

La violencia viola y violenta la vida. De allí que en un Estado de Derecho, quien mata a un inocente no debería siquiera poder reclamar un trato humanitario desde el momento que, con su delito mortal, se ha autoexcluido de la comunidad moral y de los atenuantes contemplados en el ordenamiento jurídico. La hermana del fotógrafo francés asesinado en plaza San Martín, consternada, contaba que "por su trabajo, él estuvo cerca de tiburones y de lobos, lo mandaron a lugares tan peligrosos como Libia o Siria... ¿Cómo es posible que haya muerto en Buenos Aires? Lo mató una fiera humana".

 

Por añadidura, no todas las vidas valen igual. Las víctimas inocentes de la inseguridad, de las tragedias evitables, de los accidentes viales, como tantas otras, amaban la vida. En cambio, quien arriesga su vida porque empuña un arma o porque se lanza a la calle a correr peligrosas "picadas" (alentadas ahora por ese pan y circo que es el TC para Todos) no valoran su vida en el mismo grado.

 

Se suele decir que quien delinque es otra víctima. Y por supuesto que lo es. A partir de ese reconocimiento -que debería estar ineludiblemente unido a la voluntad política de modificar los factores que son la cuna del delito-, se ha de trazar la línea demarcatoria entre quien, aunque víctima de condiciones estructurales de la sociedad, ha delinquido y es, por lo tanto, culpable, de un lado, de la víctima inocente, del otro.

Sin embargo, esa línea fundacional que inaugura el espacio de la sanción -esencial para la preservación del tejido social- parece haber sido borrada aun cuando, en palabras del filósofo Paul Ricoeur, el castigo es la intersección "que ensambla la fractura entre el mal cometido y el mal sufrido". ¿Qué nos pasa como comunidad ética cuando se relega esta distinción crucial, toda vez que se lo convierte al victimario en una víctima y a las víctimas se les da la espalda? Renunciando a su poder punitivo, y persiguiendo la reinserción social de quien ha gravemente delinquido, el sistema parece burlarse del tendal de víctimas. Así desconoce que la agresión sufrida por el ciudadano indefenso -y el altísimo grado de reincidencia que anticipa nuevas víctimas- hace del homicida un victimario que no puede exigir un trato que eliminó del inocente. De allí que la sanción es un elemento privilegiado porque encierra un doble alcance: un valor real porque una pena ejemplar es un instrumento de disuasión que aspira a desalentar la reincidencia en el delito. Y un valor simbólico en cuanto trasmite el respeto a la vida como bien social protegido.

 

Un discurso que se ha naturalizado hace del delincuente, una víctima, y de la víctima, un victimario. Sin embargo, las expresiones del juez Lorenzetti dejaron en claro que "el modelo de justicia debe estar cerca de las preocupaciones de las personas concretas... protegiendo los intereses de los ciudadanos". Y ante el escenario en el que mal convivimos, se reconoció que "más que declarar derechos, hay que aplicarlos". Respuesta encomiable cuando el Estado ha fallado por partida triple: al dejar indefensas a las víctimas de delitos violentos; al concederle una ventaja al delincuente armado, y al pretender reinsertarlo en una sociedad a la cual el victimario, con su delito contra la vida y la integridad personal de un inocente, ha renunciado.

 

Una de las versiones del abolicionismo legal, concepción sistematizada cuarenta años atrás, deslegitimó el poder punitivo del Estado, promoviendo medidas alternativas y sanciones sustitutivas para los delincuentes. Partiendo de la premisa de que los delitos son el producto del sistema penal, con ellas se nos ha sumido en un círculo perverso de marginalidad-delito-ausencia de debida sanción-marginalidad. Se trata, entonces, de transformar ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. En lo que nos toca, y confrontados a la realidad que nos golpea -las innumerables víctimas inocentes-, exigiendo la presencia de un Estado que imponga la ley con equidad, en lugar de avalar la liberación y la consecuente reincidencia de los delincuentes mediante el recurso de medidas alternativas (libertad condicional, excarcelaciones, pulseras electrónicas, condonación de penas por buena conducta o pagos de fianzas).

 

En Sobre la violencia , el filósofo Slavoj Zizek declaró que "cuando se hiere a un sujeto de modo tan devastador que la idea de venganza de acuerdo con el ius talioni s es no menos ridícula que la promesa de reconciliación con el perpetrador una vez expiada su culpa, lo único que queda es persistir en la «denuncia incesante de la injusticia»". Rechazando toda naturalización del delito mortal, prosigue el filósofo esloveno, "el crimen no puede «deshacerse», ser retroactivamente cancelado, borrado" y ése es el nudo del sentido reparador del castigo. "Lo realmente arrogante y pecaminoso es asumir la prerrogativa de la piedad. ¿Quién de nosotros, comunes mortales, especialmente si no somos la víctima directa del criminal, tiene derecho a borrar el crimen de otro, a tratarlo con indulgencia?... Nuestro deber es actuar de acuerdo con la lógica de la justicia y castigar el crimen: no hacerlo acarrea la blasfemia de ponernos nosotros mismos al nivel de Dios, actuando con su autoridad", concluye Zizek. La pena privativa de libertad es una deuda del homicida para con la sociedad a la que agredió, y debe ser saldada por completo, sin sanciones sustitutivas ni alternativas a esa pena. El error se comete al pensar en el sufrimiento del victimario, despreciando el sufrimiento de las víctimas, esas que ni siquiera tienen ya una vida para gozar la mitad de las prerrogativas que exigen los delincuentes ni voz para reclamar lo que les es debido por justicia.

 

Convivimos en una sociedad que se ha ido entramando y entrampando en los hilos del odio, la ira y el resentimiento que nos condujeron hacia un callejón sin salida: o reclamamos la justicia salvaje de la mano propia o nos sentimos ovejas indefensas, avasalladas por una violencia naturalizada que nos vuelve incapaces de movilizarnos por nada que no nos toque directamente. Sin darnos cuenta de que, como víctimas entrampadas, tanto la venganza personal como el silencio anestesiado nos transforman en cómplices.

Pero es obsceno callar ante lo que no puede ni debe ser callado. Una vez que las víctimas han sido silenciadas, sus sobrevivientes y la sociedad toda -vulnerada y vulnerable- deben reclamar su derecho a la reparación, en el marco de la ley, incluso de aquello que ya es irreparable.

 

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