LA HORA DE LOS JUECES. POR ALEJANDRO FARGOSI

09.05.2012 | En 1863 se instauró la primera Corte Suprema de Justicia, para la que el presidente Mitre propuso jueces que no le eran adeptos, dándonos una lección que no debemos olvidar. En este siglo y medio hubo Cortes independientes y, más allá de algunas excepciones que no debemos repetir, nuestro máximo tribunal ha sido en general bueno o muy bueno. Lo mismo ocurre con los jueces de primera y segunda instancia porque es indudable que el Poder Judicial es, en general, muy profesional, serio y probo.

Pero hoy en día el desafío no es sólo tener una Justicia independiente y eficaz, que mantenga vigente con prudencia y energía el sistema constitucional y legal, recuperando los ejes de libertad y seguridad de nuestra Constitución, tan postergados últimamente. Hoy el desafío es que cada juez actúe sin temer ni sufrir represalias.

 

Quienes integramos el Poder Judicial debemos asumirnos en plenitud como uno de los tres poderes del Estado, sin cuyo control los otros dos tarde o temprano avasallan a la ciudadanía.

 

El ejercicio de este rol político moderador es una asignatura pendiente para nuestro sistema judicial, que no ejerce totalmente el enorme poder que la Constitución Nacional le reconoce.

 

Las doctrinas de las "cuestiones políticas no justiciables", de las "zonas de reserva de la administración" y otras tesis que eximían a los gobiernos del control judicial habrán sido justificadas y hasta positivas en el pasado, pero hoy los jueces son los únicos garantes de nuestros derechos humanos, políticos y económicos, por lo que sí deben entrar en esos sectores.

 

Afortunadamente, por formación y por tradición, el pensamiento judicial no es permeable a los tsunamis de propaganda, demagogia, populismo, aislacionismo, estatismo anacrónico y encuestitis que sufrimos cotidianamente.

 

Los jueces son graduados universitarios seleccionados por sus antecedentes, con experiencia profesional y estabilidad funcional que incluso se someten a exámenes psicológicos al concursar por sus cargos. Por ello, desde el Poder Judicial podemos imponer el cumplimiento de la ley sin temer represalias de ningún tipo.

Debemos resaltar que el Consejo de la Magistratura no es un instrumento de presión contra los jueces. De hecho, hay poquísimos casos de remoción de magistrados en los años transcurridos desde el inicio de este organismo.

 

Nada indica que en su actual composición, que durará hasta noviembre de 2014, algún sector tenga mayoría absoluta en el Consejo. Digámoslo claro: no lo domina ni el radicalismo ni los jueces ni los abogados. Ni siquiera el poderoso gobierno.

 

Es natural que cualquier persona sienta temor ante las iras gubernamentales. Pero la función, garantías e inmunidades del juez obligan a superar esa debilidad, máxime cuando existe un Consejo de la Magistratura sin mayorías automáticas que lo sometan a remoción.

 

Sólo desde un Poder Judicial valeroso e independiente podemos recuperar el respeto a la Constitución y a todas las leyes.

 

Hoy constatamos que un Gobierno con más del 50% de los votos pretende "ir por todo". Es peligroso, porque en el siglo XX hubo funestas experiencias políticas que también quisieron ir por "todo en el Estado, todo para el Estado", y por eso se las llamó "totalitarismos". Esos extremos son inadmisibles para nuestro sistema constitucional y es el Poder Judicial en pleno quien debe defender la libertad.

 

Sin una Justicia firme, los derechos humanos, políticos y económicos de todos nosotros serán mero papel mojado. Su función de moderación, balance y limitación de los otros dos poderes es la razón de su existencia. Se dirá que esto implicará la judicialización de la política. Quizá, pero es la única opción ante la actual tendencia al "todo", que reniega de la negociación como mecanismo de gobierno y de la tolerancia a la diversidad como imperativo de convivencia. Esa frustración del diálogo obliga a que un juez dirima lo que los sectores en pugna no pudieron resolver.

 

No es malo que la política se judicialice, porque judicializar implica hacer valer el imperio de la ley y no el de la fuerza.

 

Como dijo Max Weber, los jueces son los garantes de la seguridad jurídica y deben actuar con toda la energía jurisdiccional que sea necesaria para recuperarla, porque si los más altos funcionarios del gobierno niegan a esa seguridad jurídica como uno de los valores del sistema republicano, los ciudadanos sólo tienen al Poder Judicial para hacer frente a semejante despropósito.

 

Cuando nadie vaya por todo, todos podremos convivir civilizadamente.

 

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